El 1 de julio de 2017 el Ayuntamiento de Valladolid puso en marcha la gestión directa de los servicios de abastecimiento de agua y saneamiento y depuración de aguas residuales, a través de una entidad pública empresarial local que funciona bajo el nombre de Aquavall.

Culminaba así un proceso de casi dos años que ha generado un abundante debate público e incluso cierta conflictividad a pesar de que aparentemente no debería ser problema que un ayuntamiento vuelva a gestionar con sus propios medios un servicio bajo concesión una vez transcurrido el plazo de la misma. La empresa pública ASVA, a pesar de contar con un superávit significativo, se privatizó con una concesión por un plazo de 20 años que se cumplieron con un nuevo gobierno que había puesto entre sus compromisos la recuperación de la gestión.

Mientras tanto, la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local de 2013, más conocida como “Ley Montoro”, endureció notablemente los requisitos para recuperar la gestión directa de un servicio, presuponiendo una mayor eficiencia y sostenibilidad económica en la externalización, mientras que resulta imprescindible acreditarlas exhaustivamente en el caso de su recuperación. Esto, unido a otros preceptos como el techo de gasto impuesto por la Ley de Estabilidad Presupuestaria o las tasas de reposición que marcan los Presupuestos Generales del Estado, hacen muy difícil que las corporaciones locales puedan plantearse recuperar la gestión de servicios. Sin embargo, y tras muchas trabas por parte de la anterior empresa adjudicataria, desde hace un año que no han impedido en ningún momento la correcta marcha del proceso, se continúa con la gestión directa del agua a través de la empresa pública AquaVall.

 Todo este avance ha supuesto demostrar que se puede apostar por la gestión pública como forma de buen gobierno, que esta supone transparencia y poder apostar por los criterios que se consideren más adecuados, como los sociales o medioambientales, y que para la ciudadanía es más completo, cercano y válido. Y, sobre todo, que la gestión pública sin lucro de terceras personas o entes privados es un método posible y viable.