Siguiendo el programa de Zaragoza en Común en cuanto a la necesidad de “ incorporar la visión de género dentro de la normalidad institucional” como “garantía de los servicios sociales como ecosistema transversal”, en abril de 2017 se aprobó la instrucción relativa a la incorporación de cláusulas sociales de género en los contratos celebrados por el Ayuntamiento de Zaragoza, sus organismos autónomos y entidades del sector público municipal.

Estas cláusulas se plantean como una herramienta que complementa las políticas para la igualdad del Ayuntamiento de Zaragoza, mejorando así los programas y proyectos existentes y transversalizando la feminización a todas sus áreas de gobierno. Dos de las implantaciones concretas de esta instrucción son la obligatoriedad de todos los clubs que desean optar a la gestión de un campo deportivo municipal a contar con un equipo femenino, y las cláusulas sociales de igualdad en el Pliego de conservación y mantenimiento de parques y zonas verdes.

La primera supone un importante impulso en la promoción del fútbol femenino en la ciudad y afecta a los 28 campos municipales cedidos a clubes de base. Como parte de la regularización de su gestión se ha incluido la necesidad de que cuenten al menos con un equipo femenino en un plazo de tres años para lo que contarán con el apoyo del Ayuntamiento en la captación, y se valorará la dificultad de conseguir esta meta en determinados barrios.

En el segundo caso, el nuevo pliego contempla que la empresa adjudicataria presentará toda la documentación, publicidad y materiales con un lenguaje no sexista, , contiene el compromiso de contratar mujeres en un porcentaje superior al menos en cinco puntos al porcentaje medio del sector, y la empresa estará obligada a diseñar y aplicar un Plan para la Igualdad entre mujeres y hombres y a adoptar medidas contra el acoso sexual, y deberá incluir tres acciones nuevas en materia de conciliación. En abril de 2018 el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón (TACPA) le dio razón al Ayuntamiento frente al recurso presentado por la Asociación Española de Empresas de Parques y Jardines (ASEJA).