Además de los habituales desahucios por impago de la hipoteca, el problema del acceso a la vivienda de la ciudad de Palma, presenta problemas específicos provocados por la masificación turística. El objetivo de la Oficina Antideshaucios, abierta dos meses y medio después del cambio de gobierno en 2015, es prevenir y evitar los desahucios en la ciudad. Esta Oficina es un servicio público gratuito que da apoyo jurídico, social y económico a los habitantes de la ciudad, con un equipo formado por dos personas técnicas licenciadas en derecho, dos trabajadoras sociales y un auxiliar administrativo, que fueron reforzadas en el noviembre de 2017 con cinco abogadas gracias a un acuerdo con el Colegio de Abogados de Baleares.

La Oficina trabaja tanto en la intervención y mediación en situaciones de urgencia social derivadas de situaciones de vulnerabilidad, como en la orientación y asesoramiento jurídico. Además, se hace un seguimiento de la situación en los hogares, se ofrece información sobre otros recursos, y se ha implantado un código ético de colaboración con entidades bancarias. El proceso de atención y acompañamiento se da en dos fases: en la primera se facilita información jurídica y alternativas habitacionales en caso de desahucio en la misma oficina, que además realiza actuaciones de urgencia y elabora un censo de entidades morosas. En una segunda fase se dan ayudas a los ciudadanos que se encuentren en situación de insolvencia para pagar el alquiler.

Desde su puesta en marcha y hasta enero de 2018, la Oficina tramitó casi dos mil expedientes y se pararon casi mil desahucios (el 70% de los cuales tenían fecha de lanzamiento) y en los casos en que no se han podido parar se han buscado alternativas habitacionales. La Oficina intermedia en los lanzamientos programados y con los bancos para encontrar una solución, sea la condonación de la deuda o la concesión por parte del banco de un alquiler social. Respecto a los desahucios con fecha de lanzamiento, han parado 400 de los 558 expedientes de alquiler, un 72%, y se han parado o aplazado 121 de los 155 hipotecarios, lo que supone un 77%.