Entre las medidas urgentes contenidas en el Plan de Emergencia contra la Crisis del gobierno de Zaragoza en Común, la cuestión de la vivienda y la atención al problema de los desahucios se trató de manera casi inmediata con la creación, en julio de 2015, de la Oficina de Vivienda Municipal). Esta Oficina consta de siete abogados especializados (mediante convenio con el Colegio de Abogados de Zaragoza), tres trabajadores sociales de Zaragoza Vivienda y dos trabajadoras sociales con funciones de intervención socio-económica y mediación en alquileres (mediante convenio con el Colegio de Trabajo Social de Aragón). Su objetivo es atender a las personas en riesgo de pérdida de vivienda por la imposibilidad de afrontar el pago de sus hipotecas o de las rentas de alquiler, a través del asesoramiento, la mediación y, dado el caso de emergencia habitacional, ayuda en la búsqueda de alternativas.

A diferencia de dispositivos similares en otras ciudades del Estado, la Oficina se encarga también de la mediación en casos de usurpación de vivienda, que parte del reconocimiento del estado de necesidad de las familias que sin alternativa habitacional logran un techo en las viviendas vacías que la crisis ha dejado, especialmente en barrios tradicionalmente obreros y populares, y normalmente propiedad de personas jurídicas. Esta mediación trata de romper el círculo vicioso que presupone la criminalización de las familias afectadas por este fenómeno, garantizando el acceso a prestaciones sociales y el seguimiento social y el apoyo de las familias; y favoreciendo la mediación y los acuerdos de regularización o realojo, frente a la judicialización. La creación de un programa para casos de arrendamiento permite atender casos de usurpaciones de viviendas vacías propiedad de entidades bancarias, aunque el número de expedientes abiertos hizo necesario contar con un programa propio para la atención de estos casos.

La Unidad de Información y Atención al Ciudadano del programa de mediación por impago de alquileres atendió en el ejercicio 2017 a 702 personas y se generaron 199 expedientes o solicitudes de mediación de los cuales 167 eran de arrendamientos y 32 de ocupaciones.