Este servicio nace de la voluntad de garantizar el derecho de acceso a los suministros básicos de agua, gas y electricidad a las personas y unidades familiares en situación de riesgo de exclusión residencial que viven en Barcelona, tal como recoge la Ley 24/2015 de Pobreza Energética de la Generalitat de Catalunya. Al mismo tiempo, pretende empoderar a la ciudadanía para que conozca cómo funciona la gestión de la energía y el agua, contrarrestando las campañas de desinformación que aplican las grandes compañías de electricidad, gas y agua.

Los Puntos de Asesoramiento Energético (PAE) repartidos en los diez distritos de la ciudad ofrecen atención personalizada en materia de derechos energéticos:

• Informan y asesoran a las personas que no pueden mantener unas condiciones energéticas y de bienestar adecuadas o que ya han recibido un aviso de impago o de corte de la electricidad, el agua o el gas.
• Detectan posibles incumplimientos de la legislación vigente por parte de las compañías suministradoras, y asesoran y acompañan a las personas usuarias en su denuncia y en la defensa de sus derechos.
• Ofrecen orientación para la mejora de la gestión y la eficiencia energética de los hogares y ayudan a optimizar los servicios de electricidad, agua y gas.
• Gestionan la regulación de las situaciones anómalas.
• Tramitan los informes de exclusión residencial y hacen de vínculo con los Servicios Sociales.
• Acompañan y gestionan la tramitación de ayudas y gestiones tales como el bono social, los cambios de potencia, la eliminación de servicios extra, los cambios de tarifa, etc.

Este servicio trabaja también en la inserción laboral de personas con especial dificultad de acceso al mercado laboral. Además, promueve el trabajo comunitario mediante un programa de sensibilización y difusión del conocimiento de la energía en la lucha contra la pobreza energética y el fomento de la eficiencia energética.

Durante 2017 los PAEs atendieron a 23.000 personas en 8.588 hogares, de las que menos de la mitad fueron derivadas desde los servicios sociales, y en los primeros meses de 2018, esta cifra aumentó a 3.500 personas al mes.