En Terrassa el servicio público del agua fue siempre de titularidad aunque era gestionado por una empresa privada, cuya concesión finalizó en diciembre de 2016. Tras un estudio de sostenibilidad económica y financiera de los diferentes modelos de gestión que demostró que el modelo de gestión público era el más sostenible, y gracias a un movimiento ciudadano, la Taula de l’Aigua de Terrassa, que inició el debate público y empujó con denuncia, trabajo y propuestas para hacer realidad este objetivo, se propuso un cambio de modelo de gestión que fue aprobado por el pleno municipal en septiembre de 2017. No obstante, desde esta fecha hasta la actualidad, la gestión sigue en manos de la empresa privada, en espera de que termine el proceso judicial y se ponga en marcha la nueva empresa pública prevista para enero de 2019.

Un proceso relevante no sólo porque será la ciudad más grande de Cataluña en la que se habrá remunicipalizado este servicio, sino porque plantea nuevas formas en la gestión de un bien colectivo como el agua, mediante la participación y el control de la ciudadanía. Un ejemplo es la creación del Observatorio del Agua de Terrassa (aprobado en el pleno de julio de 2018) que nace con la voluntad de iniciar una nueva etapa y definir una nueva cultura de la participación ciudadanía en la gestión de los bienes comunes de la ciudad.

Este Observatorio se concibe como un órgano participativo, con carácter consultivo, asesor, deliberativo y propositivo, con un funcionamiento autónomo, su propio plan de trabajo y los recursos suficientes para poder desarrollar sus funciones y conseguir sus objetivos. Su función principal será articular la participación de la ciudadanía en la definición de las políticas y decisiones estratégicas que afecten al servicio del agua, así como en la presentación de propuestas, elaboración de estudios e informes, información y formación de la ciudadanía, rendición de cuentas y control público. Estará compuesto por una representación amplia de la ciudadanía: agentes sociales y económicos, grupos políticos, el gobierno de la ciudad, sectores de consumidores de agua, etc.