El Ayuntamiento de Santiago de Compostela tiene la potestad y la responsabilidad de establecer y regular el conjunto de derechos y recursos municipales específicos para la ciudadanía que se encuentra en situación de vulnerabilidad, de riesgo o de exclusión social, siguiendo el art. 25 de la Declaración universal de derechos humanos que establece el derecho a un nivel de vida adecuado y la Constitución española, que en su art 9.2 establece que “corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integran sean reales y efectivas ... y facilitar la participación de toda la ciudadanía en la vida política, económica, cultural y social”.

Con estos objetivos, en septiembre de 2016 se aprobó la Ordenanza de Garantía Básica Ciudadana que pretende dar cobertura económica y social a la falta temporal de ingresos, sea por ausencia de un empleo estable y digno y/o el agotamiento de la prestación por situación de desempleo, manteniendo un mínimo nivel de ingresos que permitan cubrir las necesidades básicas. La ordenanza establece dos tipos de prestaciones:

• Renta municipal de garantía básica ciudadana o prestación económica extraordinaria, temporal y vinculada a un itinerario de inclusión ciudadana, prevista para personas en situación de vulnerabilidad social y/o en situación o riesgo de exclusión social.
• Prestaciones de rescate social: ayudas económicas de carácter extraordinario y puntual para atender situaciones de urgencia que afecten a personas o unidades de convivencia que no puedan hacer frente a necesidades básicas, gastos de habitabilidad, pobreza energética, y equipamiento básico de vivienda, gastos complementarios a la dependencia y/o discapacidad, ayudas al fomento del derecho a la educación para estudios post-obligatorios, prestaciones para la salud buco-dental y otros gastos excepcionales

Esta ordenanza es una de las pioneras a nivel estatal y uno de los elementos de mayor interés es que las personas en situación irregular también pueden acceder a estas prestaciones, ya que los derechos fundamentales de las personas a la vida, a la salud o a la alimentación no se hacen depender de su situación administrativa en el territorio español.