El Bono Social del Agua garantiza un suministro mínimo vital a personas en situación de exclusión, a la vez que impide que se les corte el agua, asumiendo la existencia de un derecho básico como el acceso al agua potable. Una lógica que se diferencia de la gran cantidad de ayudas que la Concejalía de Asuntos Sociales del Ayuntamiento tramita y otorga anualmente para hacer frente a los recibos de suministros básicos según un modelo asistencialista, común en muchas administraciones.

Con esta premisa se pone en marcha el “Suministro Mínimo Vital”, que hace posible que aquellas personas en situación de vulnerabilidad tengan garantizado un suministro de 100 litros por persona y día, mediante una subvención de la factura durante un periodo inicial un año partir de la concesión de la ayuda, de manera que se evita el corte del servicio. El formato de este mecanismo se ha diseñado en colaboración con los servicios sociales del ayuntamiento, recogiendo de las aportaciones de los colectivos sociales y profesionales que participaron en la elaboración del Plan Estratégico 2017-2027, de la empresa Aguas De Cádiz y durante la celebración de una la Mesa para la garantía del agua.

Esta medida recibió 1.117 solicitudes durante el primer año de implantación. El convenio de colaboración entre el Ayuntamiento y la empresa pública Aguas de Cádiz permite la contratación por la empresa de una persona titulada en Trabajo Social encargada de estudiar, proponer y gestionar medidas que mejoren la situación de la población en situación de vulnerabilidad social, mediante ayudas, bonificaciones e información sobre pautas de consumo. El Ayuntamiento, por su parte, destina tres personas del personal municipal y 300.000 euros para cubrir los consumos bonificados.

La responsabilidad de los gobierno locales de poner todas las herramientas a su alcance para garantizar las condiciones de habitabilidad dignas se concretan en este caso en el derecho al acceso a los suministros básicos para la subsistencia.