En octubre de 2017 el Pleno Municipal de Barcelona aprobó con gran consenso un nuevo Reglamento de Participación Ciudadana (sin renovar desde 2002) que supuso un importante avance en el impulso a la iniciativa ciudadana y el fomento de canales de democracia directa. Este Reglamento posibilita un cambio institucional que afecta a las formas de intervenir públicamente y de hacer políticas públicas adaptadas a las nuevas demandas ciudadanas surgidas del 15M. Para ello, establece mecanismos de incidencia, deliberación, coproducción y decisión de la ciudadanía que garanticen mecanismos de control y seguimiento de la acción de gobierno. Además, define y clarifica los canales de participación política; los recursos necesarios para llevarlo a cabo y un sistema de garantías que tiene que velar por la buena utilización y eficiencia de estos canales, apostando por una participación híbrida entre el mundo digital y presencial, lo que favorece la transparencia y la trazabilidad.

Una de las herramientas del Reglamento son las Multiconsultas donde, una vez al año, se someten a consulta propuestas relevantes para la ciudad, surgidas del gobierno, de la oposición o de la ciudadanía. La primera de estas multiconsultas se anunció para junio de 2018 e incorporaba dos iniciativas ciudadanas que ya habían conseguido las 15.000 firmas necesarias para ser llevadas al Pleno: una sobre la gestión pública del agua y otra sobre el cambio de nombre de la Plaza Antonio López por el de Idrissa Diallo.

Aunque el artículo 74.3 del Reglamento prevé que “cuando la consulta provenga de una iniciativa ciudadana sólo puede ser denegada por mayoría simple y si no se adecúa al ordenamiento jurídico”, la mayoría del pleno votó en contra, impidiendo que la multiconsulta fuera celebrada. Las iniciativas han presentado un recurso para que se reconsidere la votación del Pleno del 10 de abril, alegando que se saltó el reglamento de participación que el propio pleno había aprobado.

La voluntad final de este reglamento es garantizar los canales para que, gobierne quien gobierne, los derechos democráticos de la ciudad estén garantizados.